lunes, 23 de enero de 2012

Baltasar Garzón: ¿Paladín de las causas perdidas o ególatra?


Por Elisabeth O'Leary y Teresa Larraz Mora

¿Es un vanidoso que busca la atención mediática y que se creía por encima de la ley que aplicó a los demás sin vacilar? ¿O por el contrario, es un independiente audaz que ha emprendido una cruzada por los derechos humanos y al que una mezcla de políticos, empresarios y casta judicial quiere derribar?

Sea cual sea el veredicto del primer juicio a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, el magistrado español que alcanzó fama mundial por intentar sentar en el banquillo infructuosamente al dictador chileno Augusto Pinochet, está convencido de que será difícil recuperar su carrera judicial en España y desde su entorno se cree que es un ataque personal.

"Se dice que tiene que ser igual que los demás ante la ley, pero yo le doy la vuelta a esta afirmación. Tengo serias dudas de que cualquier otro juez que no fuera Baltasar Garzón estaría en esta situación", dijo a Reuters una fuente muy próxima a él.

Una mente legal brillante que sorprende o desquicia - según sean amigos o enemigos - con su mezcla de integridad y vanagloria, el juez de 56 años podría tener un futuro de color negro si es condenado por prevaricación y por vulnerar los derechos fundamentales de los presuntos cabecillas de la red corrupta Gürtel, puesto que se enfrenta a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional.

Pero incluso aunque fuera absuelto, el martes próximo afronta un nuevo juicio, tiene un tercero contra él en fase de instrucción y tras el furioso y encarnizado debate que se ha generado sobre su personalidad, sus métodos y sus motivaciones, el daño podría estar ya hecho.

"Creo que no puede volver a ser juez aunque salga absuelto en los tres, porque el Supremo ha abierto una puerta por la que podrá entrar cualquiera y será difícil cerrarla", dijo recientemente en un encuentro con periodistas Gonzalo Martínez Fresneda, su abogado en el proceso que empieza el martes que viene sobre la investigación de Garzón de los crímenes del franquismo, quizá el caso más polémico.

"Él es bastante optimista y quizá no comparta esta opinión", agregó, sonriendo.

Durante sus más de 20 años como juez instructor en la Audiencia Nacional, Garzón ha hecho carrera afrontando los casos más difíciles y controvertidos, desde la "operación Nécora" contra el narcotráfico en Galicia en los años 80 hasta las operaciones contra el entorno de ETA que aún están en marcha, lo que le ganó fama pero también envidia de una serie de poderosos enemigos en ciertos sectores. Por ejemplo, sus investigaciones han afectado a políticos tanto de izquierdas como de derechas.

Pero la mayor controversia surgió cuando trató de investigar la muerte de decenas de miles de civiles durante la dictadura de Franco, a pesar de que la Ley de Amnistía aprobada en 1977 suponía pasar página y dejar el pasado atrás como parte del compromiso para alcanzar la democracia. Garzón, que llegó a pedir el certificado de defunción de Franco, será juzgado también por prevaricación por este caso, que fue el primero que surgió contra él y provocó que fuera suspendido temporalmente de su puesto en la Audiencia hace casi dos años.

Sin embargo, sean cuales sean los razonamientos legales de sus decisiones, muchas voces, sobre todo desde la izquierda pero también algunas en la derecha, sostienen que su odisea judicial se debe a una interferencia política, y sobre todo al hecho de que su investigación más reciente afectara a una posible corrupción en el seno del Partido Popular, formación que arrasó en las elecciones generales de noviembre.

Ya sea por celos profesionales o no, sus enemigos en el ámbito judicial dicen estar cansados de lo que consideran una promoción personal y un deseo de hacerse con los casos más controvertidos. Los políticos temen su independencia, y ahora, ambos van contra él para amordazarle de una vez por todas, defienden sus simpatizantes.

"Esta es una carrera de casta y escalafón, que haya alguien que destaque no sentó bien", aseguró la fuente próxima al juez.

"Ha sido muy independiente, no está en ninguna asociación judicial y eso no es muy normal, no se ha querido casar con nadie".

FAMA

El tribunal que ha dirigido el juicio que terminó el jueves tendrá que determinar si las escuchas en prisión que ordenó Garzón fueron legales y si no vulneraron el derecho de defensa de los demandantes.

"Garzón, ¡qué osadía!, se había atrevido a mirar las cuentas de un partido", escribió el miércoles en El País el abogado y antiguo diputado del PP Jorge Trias, que ha tenido conocimiento directo del caso.

"El juez no debió de calcular sus fuerzas, y fue una buena ocasión para acabar con la "fama" de quien tanto odiaban. Unos, por corporativismo y otros, por meter las narices donde apestaba", agregó.

En cambio, el periodista Manuel Martín Ferrand, un firme crítico del llamado "juez estrella" escribía en el diario ABC "a Garzón se le juzga por el método y no por la investigación y ya nos dirá el jurado de su inocencia o su culpabilidad".

"De ahí viene un exceso que, impulsado por un afán incontrolado de notoriedad pública, nos conduce al Garzón que se sienta en el banquillo", afirmó.

Algunos periodistas y comentaristas se han vanagloriado estos días de que por fin Garzón caía de su pedestal. Otros lamentan lo que consideran un terrible espectáculo de la justicia española: el juez está considerado a nivel internacional un brillante ejemplo de valentía judicial por perseguir causas que van desde las mafias rusas o italianas al integrismo islámico o los crímenes contra la humanidad, sin temer el poder de las clases políticas que se creen intocables. Pero ahora ha llegado su turno de ser procesado.

Un editorial de El País criticaba duramente al Supremo: "No deja de ser preocupante, como síntoma de una justicia al revés, que los presuntos delincuentes logren sentar en el banquillo al juez que los investiga, mientras la justicia se muestra parsimoniosa en exigirles cuentas por sus fechorías"

EXTRADICIÓN DE PINOCHET

Su caso más famoso fue cuando intentó extraditar a Pinochet mientras estaba de visita en España para juzgarle por crímenes contra la humanidad. Aunque finalmente no pudo lograrlo por una decisión política en Reino Unido, inició una tendencia sobre la llamada justicia universal para que los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos pudieran ser perseguidos más allá de las fronteras en las que se cometieron.

Posteriormente, investigaría casos relacionados con los prisioneros en la base naval estadounidense de Guantánamo o los desaparecidos en la dictadura argentina durante los años 70.

Estos llegaron mucho después de que ya se hubiera hecho un nombre en España. Tras llegar a la Audiencia Nacional en Madrid con 32 años, su primera operación sorprendente fue contra el narcotráfico en Galicia, una región duramente azotada por esta plaga en los años 80.

"Lo primero que hizo fue ir acompañado de la prensa, y eso contribuyó a que en Galicia se visualizase al Estado, a la justicia, a la policía, para ver que no era un territorio sin ley", dijo una fuente próxima a Garzón.

"La justicia no tiene rostro, y él se convirtió en un juez cotidiano, se salió de la ortodoxia de sus compañeros, la justicia en España va muy retardada, tiene que ser más accesible, más rápida", agregó.

Además, sus operaciones contra ETA y sus ramas política y económica le valieron ser amenazado por la banda armada. Luego vino la oferta del entonces presidente Felipe González, que consiguió que diera el salto a la política y se presentara a las elecciones de 1993, tras las cuales dirigió el programa antidrogas del Gobierno.

Sin embargo, un año después dejaba el cargo, acusando al Ejecutivo socialista de ser demasiado blando con la corrupción, aunque expertos políticos afirman que en realidad se debió a su ambición, puesto que González no le dio la prometida cartera de Justicia. Poco después se creó numerosos enemigos en el PSOE al investigar el GAL, un grupo creado desde el Gobierno en la lucha sucia contra ETA.

En el juicio, Garzón sostuvo que su actuación sólo trató de impedir la comisión de más delitos, como el blanqueo de dinero, por parte de la red de corrupción que él mismo destapó. Sus acusadores, en cambio, destacaron que "el fin no justifica los medios".

"Estamos pidiendo que se establezcan unos límites a los tribunales, no todo vale", dijo el abogado Ignacio Peláez al tribunal.

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