miércoles, 14 de noviembre de 2012

Abogados de oficio: la injusticia de trabajar casi gratis.



Por: S. Saiz / A. Vigil

Paulino Pérez ha saltado a la primera plana de los periódicos por su papel como abogado en el caso del Prestige. No tanto por llevar la defensa del jefe de máquinas del barco siniestrado, Nikolaos Argyropoulos, sino por los 455 euros que iba a cobrar por siete meses de trabajo, que incluyen la lectura de más de 100.000 páginas de sumario y dos desplazamientos diarios de cien kilómetros para acudir al juicio. Gracias a la notoriedad del caso, la Xunta de Galicia ha negociado una subida de sueldo.

Este tipo de situaciones, en las que un profesional no es retribuido adecuadamente, son poco conocidas, pero se dan con frecuencia entre los abogados de oficio, encargados de defender a personas o entidades sin recursos que acceden al sistema de justicia gratuita. En España hay cerca de 37.000 letrados que ejercen en el turno de oficio.

El sueldo varía en función de la comunidad autónoma, ya que es el Gobierno regional el que establece los salarios, en aquellas en las que están transferidas las competencias de Justicia. Si el accidente del Prestige hubiera tenido lugar en el litoral vasco en lugar de en Galicia, el letrado habría ganado un 40% más, al tratarse de un caso especial. Aun así, de media, un abogado cobra alrededor de 200 euros tanto si se trata de un divorcio o de un procedimiento penal tipo. Como extras, puede recibir 20 euros por cada mil folios del sumario y, si el juicio es largo, otro tanto por cada cinco vistas.

Desde los colegios de abogados no se quejan tanto de la cantidad fijada como de los problemas que este colectivo tiene cuando se trata de cobrar, con demoras que superan el año, según apunta el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Luis Nieto.

En su opinión, la asistencia de oficio "es más necesaria que nunca, porque hay más ciudadanos con derecho a ella y también más conflictos legales", al incrementarse, por ejemplo, el número de embargos o los despidos.

Nieto reivindica "que, al menos, los abogados cobren el trabajo realizado, ya que la remuneración es escasa". El problema de fondo, además de los retrasos en los pagos, es que algunas comunidades han ligado esta retribución a que al defendido se le conceda el derecho a la justicia gratuita. Es habitual que los abogados de oficio hagan guardias para casos de urgencia, antes de saber si al detenido o acusado le corresponde la asistencia de oficio. En la práctica, hay situaciones en las que el cliente cumple todos los requisitos, pero como no realiza los trámites burocráticos para percibir la ayuda, finalmente es el abogado el que no cobra.

Es esta situación la que ha llevado a los letrados vascos a levantarse en pie de guerra contra el Gobierno regional. "No nos preocupa demasiado el tema de las tarifas, ya que la abogacía lo asume y sabe a qué atenerse. Antes, la defensa del pobre no se remuneraba nada", explica el gerente del Colegio de Abogados de Vizcaya, Alberto Seco.

Sin embargo, muestra su preocupación por la decisión del Ejecutivo de pagar sólo cuando los imputados tienen concedida la asistencia legal gratuita, "porque en muchos casos no van a cobrar". Antes de esta decisión, el Gobierno vasco se hacía cargo de la factura cuando al cliente no se le reconocía este derecho, pero se negaba a abonar los honorarios al abogado. "La obligación del letrado no es perseguir al cliente que le han asignado para cobrarle, sino defenderle", asegura Seco.

En su opinión, este decreto podría desincentivar el turno de oficio, por lo que no descarta que "los letrados se den de baja del servicio de defensa al detenido, como ya ocurre en otras comunidades".

En Madrid la situación no es mucho mejor tras la decisión de suprimir este servicio. En protesta contra el Ejecutivo y el colegio de la capital, 1.149 abogados de oficio han renunciado a la realización de 1.408 guardias de las 6.095 previstas entre octubre y diciembre, creando graves problemas a los ciudadanos afectados, a los órganos judiciales y a las comisarías.

En 2011, la inversión de las Administraciones Públicas en asistencia jurídica gratuita alcanzó los 246 millones de euros. De esta cantidad, un 66% se destinó al turno de oficio, según datos del Observatorio de la Justicia Gratuita del CGAE y La Ley. En ese período, se recibieron más de 900.000 solicitudes de personas sin recursos y el turno de oficio tramitó casi un millón de asuntos.

El futuro del jefe de máquinas del Prestige está en manos de un abogado al que la Administración pagará 455 euros por siete meses de trabajo, algo que él mismo calificó de "sanción". Al inicio del juicio, Paulino Pérez denunció su situación y puso de manifiesto la indefensión que esa situación precaria puede producir en su defendido, al negar a su abogado los medios económicos y materiales necesarios para garantizar el derecho de defensa. La Xunta se ha comprometido a revisar su retribución.

La casualidad quiso que la detención de Rafa Zohuier, uno de los acusados por el atentado del 11-M, encontrara a Antonio Alberca trabajando en el despacho el 19 de marzo de 2004 a las nueve de la noche. Si no hubiera contestado al teléfono, otro letrado se hubiera hecho cargo del caso. Aquella llamada desde la comisaría de Canillas cambió su vida los siguientes tres años. Se hizo cargo de todas las declaraciones y careos ante el juez instructor Del Olmo y una vez a la semana iba a visitar al detenido a prisión.

Fue su abogado también durante el juicio, al que asistió todas las mañanas de lunes a jueves durante cuatro meses, con un sumario de 150.000 folios. ¿El resultado? Los 40.000 años de prisión que pedían para él se quedaron en diez. Cobró 20.000 euros gracias a un convenio que se aprobó en esta ocasión para mejorar las retribuciones de los abogados de oficio del 11-M, cuya labor fue premiada por la Abogacía Europea.

A Isidro Moreno, portavoz de la asociación de abogados de oficio Altodo, le tocó defender a Mohamed Taharoui, considerado por la policía el cabecilla de Al Qaeda en España. El caso fue bautizado por la prensa como el 'Comando Dixan' porque los polvos blancos encontrados, una supuesta sustancia peligrosa destinada a la fabricación de 'bombas sucias', resultaron ser detergente. Cobró 300 euros en total por 15.000 folios y una visita a la Audiencia Nacional cada mañana durante dos meses para tomar notas a bolígrafo.

Consiguió que se dictase auto de archivo y sobreseimiento, saliendo su defendido en libertad tras más de dos años en prisión provisional. Tiempo después, a raíz de un nuevo informe de la CIA, según el cual uniendo varias sustancias se podían fabricar bombas, se reabrió el caso. Le pidió la venia un abogado particular de Barcelona y ahí acabó su defensa. En aquella ocasión fue condenado a más de 20 años.

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