miércoles, 24 de abril de 2013

El gobierno reforma la contratación de luz, móvil y gas, telefónicamente.


El Gobierno ha modificado la normativa de contratación telefónica para exigir firma física, con el objetivo de evitar abusos de las empresas. Cerrar un contrato de servicios como la línea de móvil y ADSL, la luz y el gas exclusivamente a través del teléfono dejará de ser posible.El Consejo de Ministros ha aprobado una profunda reforma de la legislación sobre protección al consumidor que exigirá a las compañías contar con la firma física de los clientes para darles de alta.

El anteproyecto de ley, propuesto por el Ministerio de Sanidad, busca “reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores como de los empresarios; contribuir a la eliminación de disparidades existentes en la legislación europea de los contratos celebrados entre empresas y consumidores, y elevar el nivel de protección de los derechos de los consumidores y usuarios”, antes de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la modificación de esta normativa.

La posibilidad de cerrar un contrato de servicios sin firma física, solo con la grabación telefónica de la aceptación, ha permitido a las empresas agilizar los trámites para captar clientes de la competencia, al tiempo que ahorra costes en el proceso. Los usuarios, por su parte, ganan comodidad en la contratación de los servicios. Pero también se pueden multiplicar los abusos por parte de las compañías y los contratos fraudulentos, una posibilidad que el Ejecutivo quiere eliminar con la nueva regulación.


En el artículo 98 de la nueva normativa, bajo el título de Requisitos Formales de los Contratos a Distancia, se especifica que, “en caso de que un contrato a distancia vaya a celebrarse por teléfono, el empresario deberá confirmar la oferta al consumidor por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor sólo quedará vinculado una vez que haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito”.

En este último punto, el Gobierno ha querido incorporar la posición del Ministerio de Industria, que ha sido sensible a las peticiones de las operadoras, especialmente de telecomunicaciones, que fundamentan su modelo comercial en la portabilidad, el sistema que permite cambiar de empresa y mantener el número. La legislación sobre telecomunicaciones obliga a las compañías a ceder en 24 horas un cliente que quiera contratar con otra compañía.

Esta agilidad, que ha perseguido con éxito el aumento de la competencia (especialmente en los móviles), hasta convertir a España en el mercado con mayor traspaso de clientes de Europa, se vería seriamente amenazada por la obligatoriedad de la firma física.

Por esta razón, el texto definitivo permitirá a los clientes aceptar la oferta de la compañía vía telefónica y recibir el servicio, con el compromiso de firmar posteriormente el contrato, que da validez legal al servicio contratado. Además, según algunas fuentes, se limitaría su aplicación a las ofertas que parten de las operadoras.

La nueva legislación deroga el Real Decreto de 1999 que regula la contratación telefónica o electrónica. Este decreto ha permitido a las compañías de servicios, especialmente de telecomunicaciones, cerrar contratos de altas con los usuarios sin necesidad de contar con un consentimiento explícito por escrito en el momento del contrato.

Según lo previsto, las disposiciones de la ley serían “de aplicación a los contratos con los consumidores celebrados a partir de junio de 2014”.

La normativa también prohibe “suministrar al consumidor productos y servicios no solicitados por él, cuando los suministros incluyan una petición de pago de cualquier naturaleza”.

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