viernes, 3 de mayo de 2013

¿Se compran jugadores y se amañan partidos en la primera división española?


El Levante está en manos de la fiscalía por decisión de La Liga. La reunión del martes entre la LFP y la AFE para tratar el tema de los posibles amaños de partidos no fue fruto del azar. Sobre la mesa ya estuvo presente el asunto del Levante. Si algo ha dejado claro el nuevo presidente Javier Tebas es su clara intención de atajar cualquier actitud antideportiva.

La LFP lleva semanas detrás de lo sucedido en el encuentro ante el Deportivo del pasado 13 de abril. Tanto es así que ya ha puesto en conocimiento y ha trasladado toda la información a la Fiscalía Anticorrrupción para que realice las pertinentes investigaciones policiales y actúe duramente si llegara el caso. Se piensa incluso que la posible compra de algunos jugadores del equipo levantinista podría haberse producido no sólo en este encuentro ante el conjunto coruñés. Ahora está todo en manos de la Fiscalía.


Todas estas cuestiones se pusieron sobre la mesa en dicha reunión con el sindicato de futbolistas, que también conocía algunos rumores al respecto. Existe una enorme preocupación, más ahora que se llega a la parte final del campeonato. También la AFE se ha puesto a trabajar de forma intensa para tratar de recabar toda la información posible.

Dado que se trata de una situación en la que no existen precedentes, es clave y básico tener la mayor cantidad de información para poder probar el grado posible de participación e implicación de los jugadores y el grado de conocimiento que tenían ambos clubes de este posible acuerdo.

Toda la información que logre recoger la AFE se la enviará a la Liga de Fútbol Profesional para que pueda tambien remitirla a la Fiscalía Anticorrupción.

El Código Disciplinario de la RFEF recoge sanciones durísimas para los jugadores y los clubes. Al margen de las derivaciones penales, están las sanciones deportivas que establece el actual Código en su artículo 75 (predeterminación de resultados). En su texto recoge sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación para los jugadores que intervengan en acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular, además de la deducción de seis puntos en la clasificación.

En el caso de los clubes, podría ser expulsado de la competición, siempre que pueda demostrarse algún vínculo con los autores de la infracción.

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