viernes, 9 de mayo de 2014

Nueva ley de Tráfico


Cada vez que la DGT renueva la "Ley de Tráfico", siempre me huele a afán recaudatorio. Dirán que no, que es por nuestra seguridad... pero en sus presupuestos para el ejercicio siguiente, ya estiman lo que van a cobrar por multas... los expedientes a policías y guardias civiles por no conseguir las cotas de multas "recomendadas"... y eso, unido a sus actos "por nuestra seguridad" que he vivido en persona, siempre me hace desconfiar a priori de sus intenciones.

Sirva como ejemplo la primera de las dos multas por exceso de velocidad que me han puesto en toda mi vida, aunque la segunda fue un caso idéntico... un tramo de carretera cuya velocidad máxima era 100 km/h, había una curva peligrosa donde se concentraban accidentes donde no se podía ir a más de 80 km/h... un punto negro vaya... y en vez de estacionar el vehículo de la Guardia Civil de Tráfico antes de la curva para que los conductores redujeran la velocidad (medida disuasoria), preferían poner un trípode con radar y ponerse detrás de la curva para multar (afán recaudatorio). ¿No les importa que haya accidentes?

Iba pensando en mis cosas y no vi la señal, la verdad, y el radar me "pilló" a 90 km/h... mi conclusión ante ello es que prima la recaudación que el reducir víctimas y mejorar la seguridad... si no, que me lo expliquen...

La nueva ley de Tráfico entra en vigor este viernes 9 de mayo e impondrá la obligatoriedad del casco en ciudad para ciclistas menores de 16 años, prohibirá los dispositivos de detección de radares y aumentará la multa hasta 1.000 euros para los conductores bajo los efectos del alcohol o de las drogas -que se detectará con un test de saliva- que sean reincidentes o que dupliquen la tasa permitida.

La norma, ratificada por el Congreso el 20 de marzo, incorpora otras novedades, como la posibilidad de cortar una carretera o tramo por causas medioambientales, por ejemplo, de contaminación; o la capacidad de inmovilizar un vehículo si circula con niños sin sistema de retención infantil, que será obligatorio para todos los menores que no superen 1,35 metros de altura.

Igualmente, en los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas, con carácter general, la responsabilidad será del conductor del vehículo, mientras que se amplía a 20 días el periodo voluntario para pagar multas o realizar alegaciones aunque renunciando con ello a la presentación de recursos.

Además, el texto abre la puerta a elevar en algunos tramos de autovías y autopistas el límite de velocidad hasta los 130 kilómetros hora y reducir en 10 por hora la máxima en carreteras secundarias. No obstante, no concreta cómo se hará, será el Reglamento General de Circulación posterior, que tiene previsto aprobarse en el mes de junio, quien deba dar forma a estos preceptos.

Durante la tramitación parlamentaria, también se acordó que los vehículos prioritarios usarán una señal luminosa azul, aunque se trata de otro aspecto que se desarrollará en el Reglamento General de Circulación.

Esta normativa establece también que deberán ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos con matrícula extranjera que se utilizan en España por residentes del país, ya que no figuran en el Registro de Vehículos actualmente.

Por último, esta norma permitirá a la Dirección General de Tráfico (DGT) solicitar a sus organismos homólogos información sobre conductores para poderles remitir a sus países las multas. Con esta iniciativa se pretende 'cercar' a los infractores extranjeros que eluden las multas de tráfico españolas. Del mismo modo que los países de la Unión Europea podrán hacer con los conductores españoles que cometan infracciones en sus territorios.

Sin embargo, esta norma sólo podrá cumplirse durante un año, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya anulado una directiva al respecto porque, denuncia, se ha utilizado como base jurídica el intercambio de información como colaboración policial y no la seguridad vial.

Este texto ya debía haberse puesto ya en marcha en todos los países, que debía adaptar su normativa nacional, en noviembre de 2013. Sin embargo, sólo Francia había cumplido. A pesar de ello, el TJUE ha dado un plazo de un año para que los Estados miembros puedan adoptar una nueva normativa.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha explicado que, ahora, la UE tendrá que aprobar una nueva directiva y, mientras, España tiene como alternativa "celebrar convenios bilaterales, con cada uno de los países miembros para mantener el intercambio de información".

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